Novedades para 2026
2026 no trae cambios estructurales en el sistema tributario, pero sí varias novedades concretas que afectan al bolsillo de trabajadores, autónomos y empresas. La más visible es la subida del Salario Mínimo Interprofesional: el Real Decreto 126/2026 lo fija en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al SMI de 2025, es decir, 37 euros más al mes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Ahora bien, que suba el SMI no significa que a todo el mundo le suba el sueldo automáticamente: solo si actualmente cobras menos de 17.094 euros brutos anuales en total —sumando salario base, antigüedad, complementos y cualquier otro concepto de nómina— la empresa está obligada a ajustar tu retribución.
Ligado a esta subida, una de las medidas más relevantes para los salarios más bajos es que quienes perciben el SMI no tributarán por él en el IRPF. El cambio se introduce a través del Real Decreto-ley 5/2026, publicado en el BOE de 19 de febrero, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Técnicamente, el SMI no queda exento de declarar, sino que su tributación se compensa mediante una deducción específica. Los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 20.048,45 euros anuales pueden beneficiarse de ella, siempre que no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros. La deducción es máxima para quienes ingresan hasta 17.094 euros y se va reduciendo progresivamente a partir de ahí hasta desaparecer.
Otro alivio llega para quienes cobran la prestación por desempleo: se elimina la obligación de presentar la declaración de la renta para todas las personas beneficiarias de prestaciones y subsidios por desempleo. Para el IRPF de 2025 y ejercicios sucesivos, solo tendrán que declarar si les corresponde según los límites generales establecidos para cualquier contribuyente. En la práctica, si cobras el paro y no tienes otros ingresos relevantes, lo más probable es que no estés obligado a hacer la declaración.
Para los inversores, el cambio más destacado afecta a las rentas del ahorro: Hacienda modifica los tramos del ahorro y eleva al 30% el tipo aplicable a las ganancias superiores a 300.000 euros. Esto afecta a quienes obtengan beneficios de acciones, fondos de inversión u otros productos financieros por encima de ese umbral. Para el pequeño ahorrador, los tipos no cambian.
En el ámbito de los autónomos, se prorrogan para 2026 los límites cuantitativos que permiten tributar en estimación objetiva (módulos) en el IRPF, así como los del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, lo que evita que muchos autónomos tengan que cambiar su forma de declarar. Además, se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y puntos de recarga, por lo que si tienes pensado hacer obras en casa o comprar un coche eléctrico, este año sigues contando con ventajas fiscales.
Una novedad que afecta directamente a autónomos y pequeños negocios es el nuevo control sobre los cobros por Bizum: las entidades financieras reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de los cobros recibidos por empresarios y profesionales a través de estos sistemas, quedando excluidos los cobros entre particulares. Si cobras a tus clientes por Bizum, esos ingresos quedarán registrados en Hacienda igual que cualquier otro.
En materia de pensiones y Seguridad Social también hay novedades que conviene tener en cuenta. Las pensiones contributivas se revalorizan un 2,7% respecto a 2025, mientras que las no contributivas de jubilación e invalidez suben un 11,35%, hasta los 8.803,20 euros anuales. Por su parte, el tope máximo de bases de cotización pasa a 5.101,20 euros mensuales, frente a los 4.909,50 euros de 2025, lo que afecta principalmente a los salarios más altos. A esto se añade que la cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sube al 0,90%, una pequeña aportación adicional destinada a reforzar la hucha de las pensiones a largo plazo, de la que la mayor parte la asume la empresa y una pequeña parte el trabajador.
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